EL GOBERNANTE ASALARIADO

2 de julio de 2021

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Luego de milenios en los que el gobernante fue yugo y látigo para los gobernados, es complaciente tronarle los dedos a ese empleado que traga del dinero de nuestros impuestos. 

El gobernante es un subordinado ("mi empleado asalariado"). Esa consideración, que parece constancia del progreso histórico y social, contrae sin embargo una visión mercantil de lo social y de lo político, donde el político es un ofertante de servicios especializados y la democracia un mercado. 

Temo que esta visión vanguardista está entendiendo poco de política. 

Tengo la impresión de que quien concibe al gobernante como a su empleado vive plenamente en un mundo que es como una torre de departamentos, o como una  S.A. de la que sea socio accionario. 

Si se tiene esta concepción de lo social y lo político, conviene notarla, para de una vez acabar por afirmar que esta contractualidad mercantil es:

1) o (a) la naturaleza profunda de las relaciones sociales, o (b) una alternativa conveniente para racionalizarlas; 

2) o una visión alternativa y parcial que inadecuadamente se extrapola y sustituye toda lógica de lo social, lo ético y lo político (lo que es mi parecer).

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Se me ocurre desarrollar brevemente dos nociones a este respecto: 1)  la democracia como mercado laboral, y 2) las instituciones como muerte de la política. 

Ambas las advierto relacionadas pues creo que, PARA COMPRENDER A LA DEMOCRACIA COMO A UN MERCADO LABORAL, ANTES HAY QUE CREER MUERTA A LA POLÍTICA. Me explico:

Hay una tensión entre Política e Instituciones. En un estado final o ideal de las Leyes y las Instituciones, la política parece innecesaria, sólo es necesaria la legalidad y la normatividad. 

En un supuesto así, no parecen necesarios líderes políticos. Tampoco es deseable que los actores políticos destaquen dentro de las instituciones, pues (presumiblemente) la fusión del agente con su función institucional debe encubrir su voluntad y persona. El funcionario, como instancia de la ley y la normatividad, reproduce un comportamiento genérico, reconocible aun como forma tradicional.

Pensemos en Leyes e Instituciones como algoritmos o instrucciones de manejo de un aparato... En un estado acabado de Leyes e Instituciones, sólo parece requerirse “personal competente”, abogados y administradores que sepan leer y ejecutar los algoritmos de los aparatos institucionales. Se requieren funcionarios y no políticos.

Aun así, sería necesario un mínimo “sentido político” en estos funcionarios, al menos una comprensión del “espíritu de la leyes y las instituciones” para laborar en sintonía (el sentido político sería un mero celo jurídico e institucional, muy profesional).

En un estado así, donde las leyes y las instituciones son formalmente inmejorables (y ello se verifica en una sociedad convencida y satisfecha), la batalla política se reduce al terreno de las apelaciones y las auditorías.  

En este orden de ideas, el funcionario y representante político es un mero profesional con las “competencias” del puesto, un empleado.

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Y así, creyendo que a) la política son las Leyes y las Instituciones, b) el político viene a ser un profesional con las “competencias” del puesto y c) la democracia se convierte en un mercado laboral:

i) Los candidatos ofrecen su currículo, un perfil como un producto; y nosotros los contratamos. 

ii) Si el producto contratado no nos satisfizo, contratamos otro. 

iii) La clase política, como un mercado laboral, compite por darnos más satisfacción. Así mejoran su oferta y nosotros ganamos. 

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Hasta aquí el punto, y lo seguido será aparte.

Créditos de la imagen a quien correspondan.